A xustiza vai lenta, pero a acción dos concellos á hora de executar as sentenzas sobre as infraccóns urbanísticas é pouco edificante para unha democracia dun país que se dí desenvolvido. Contrasta esta lentitude coa polémica execución de derrubo das vivendas do Bao, no concello de Poio, onde as familias xitanas tiveron que ser trasladadas a outros lugares. Semella que a xustiza dicta sentenza, pero nin marca prazos, nin segue os progresos da execución da mesma, salvo en determinados casos.
Se hai un sector onde se segue a dar unha picaresca propia de repúblicas bananeras é no urbanismo. Reproducimos este artigo da Voz de Galicia porque nos parece moi ilustrativo dun tema onde se pode aplicar aquelo de que as veces semella que "é peor o remedio que a enfermidade".
Lentitud judicial, dejación política y falta de fondos frenan los derribos
Autor: Carlos Punzón
Fecha de publicación: 12/2/2010
"Los propios jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se han preguntado por qué hay tantas órdenes de derribo que se demoran años y años sin que lleguen a ejecutarse. La respuesta a dicha inquietud, expresada entre ellos informalmente, se explica, según señala el juez decano de una de las capitales gallegas, por la falta de interés de los ayuntamientos implicados. Las indemnizaciones millonarias que suelen conllevar las demoliciones de edificaciones con licencia municipal concedida hace que los alcaldes se pasen la pelota de una corporación a la siguiente. Pero los jueces apuntan otra opción, la del bajo grado de petición de ejecución de sentencias por parte de quienes promueven pleitos y buscan una posible negociación legal en la que hacer de solucionador de entuertos.
Jesús Lorenzo Cuervo, abogado vigués con más de veinte demoliciones ganadas, no lo ve así. «Se tarda en conseguir la demolición porque los jueces no toman las medidas que deberían para que se cumplan sus sentencias», asegura tajantemente. Para el abogado, los magistrados podrían fijar en sus fallos firmes un plazo a los ayuntamientos para realojar, indemnizar y derribar. «Podría ser de tres años o más, en función de las posibilidades financieras de cada ayuntamiento considerado responsable, y después, si no se cumple, juicio por desacato, inhabilitación o cárcel, solo así las órdenes de derribo serán tomadas en serio», añade.
Demora judicial
La lentitud de la Justicia es señalada por Lorenzo Cuervo como otra causa de dicha proliferación de casos. (...)
La inseguridad jurídica en la que se sustentan muchos planes y normas urbanísticas municipales es para el aparejador y promotor de decenas de denuncias Eduardo Canabal el origen del conflicto generado por sentencias que evidencian la falta de tino de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias.
Pero Canabal va más allá. «En todos los casos en los que he actuado la Justicia falló inicialmente contra construcciones que todavía se estaban ejecutando y a pesar de ello los ayuntamientos no advirtieron a los promotores, con lo que se convierten en cómplices en lugar de emitir un oficio con el que los concellos habrían dejado toda la responsabilidad legal a los constructores». ¿Y por qué se produce esa dejación? El aparejador vigués es claro en su respuesta: «Hay dinero por detrás, es la única explicación», añade para argumentar el «ti vai facendo que xa se arreglará», con el que se suele echar tierra sobre los fallos judiciales.
-¿Pero también aseguran que los denunciantes como usted solo buscan dinero?
-«Hay intentos de extorsión para retirar las denuncias, pero para retirarlas hay que llegar a un acuerdo, firmar un buen convenio y si la Justicia no lo ve te puede condenar a costas y abrir un proceso que te puede llevar a la cárcel. Yo no he aceptado ni un duro nunca y ahí están todas mis denuncias ganadas en fase de ejecución de sentencia, eso lo dice todo», concluye.
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